STOP MOTION. TODO UN ARTE

En esta ocasión sobran las palabras.

the Meaning of Life - stop motion from Vytautas Alechnavicius

Libertad Vigilada para Internet

Internet estará más vigilada a partir de ahora. El Parlamento Europeo y los países firmantes del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), entre ellos los europeos han aprobado varias normas para fortalecer los derechos de propiedad intelectual en internet.
Los usuarios estarán más controlados por los gobiernos y los gestores de la propiedad intelectual. Con garantías de tutela judicial sólo a posteriori y con controles más duros sobre los contenidos, las telecomunicaciones y los aparatos electrónicos.
La teoría de la respuesta graduada o de los tres avisos antes de la desconexión de los internautas por descargas no autorizadas (la famosa ley Hadopi francesa), se contempla en la propuesta de acuerdo del ACTA, así como la responsabilidad de las operadoras de telecomunicaciones, con la amenaza consiguiente a la neutralidad de la Red y la privacidad de los datos.En Europa ya hay acuerdo en el Parlamento Europeo sobre el controvertido paquete de telecomunicaciones.
Un consenso de mínimos que rebaja las amenazas a los derechos de los ciudadanos anteriores pero permite la desconexión y el control de los usuarios por vía administrativa. La enmienda 138 a las amenazas regulatorias no ha sido aprobada, pero se ha llegado a un pacto que avala la posibilidad de cortar el acceso a internet sin autorización judicial previa, aunque exhorta a respetar los derechos de los ciudadanos y no adopta los tres avisos como norma europea.Cada país podrá adoptar su método de persecución de las descargas con revisión judicial después de la sanción.
El mínimo derecho al recurso contra las medidas administrativas previsto en las legislaciones democráticas.El Europarlamento y la Comisión Europea llaman pomposamente a este acuerdo la Nueva Disposición sobre la Libertad en Internet.La regulación de los contenidos en internet queda en manos de cada país. En España una comisión interministerial trabaja con el objetivo de ofrecer a la industria de contenidos un plan de persecución de las descargas antes de navidad.El objetivo es perseguir a las webs de p2p en lugar de desconectar a los usuarios, como ha pedido la Coalición de Creadores de Contenidos y ha reafirmado hoy mismo la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
En el Partido Socialista asume la tesis de la Comisión Europea y de tantos otros de que la mejor forma de solucionar los problemas de los derechos de autor es una mejora del mercado digital y más acceso a los contenidos. Los defensores del intercambio de contenidos están preocupados y satisfechos sólo a medias. El eurodiputado del Partido Pirata, Christian Engström, se felicita de moderación de las amenazas.
Una posición fuertemente protestada por sus seguidores en los propios comentarios de su blog.La Quadrature du Net, la coalición contra las leyes represivas impulsadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, la preocupación es mayor. Sus responsables se quejan de la ambigüedad y la falta de claridad del acuerdo, forzado por el lobby de la propiedad intelectual, como ha reconocido el propio Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente de la Eurocámara.El gobierno de Zapatero preside en breve la Unión Europea y para demostrar su compromiso con la sociedad de la información y una nueva economía sostenible tiene la oportunidad de impulsar la Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital propuesta por varias asociaciones y colectivos.
Un documento para garantizar los derechos de los ciudadanos, su privacidad, la neutralidad de la Red, el derecho a usar nuevas aplicaciones y servicios en las redes de telecomunicaciones, la banda ancha como servicio universal, la relación a través de la eAdministración o el derecho a disfrutar de contenidos de dominio público cuando son pagados o subvencionados con dinero público.
La Unión Europea adopta una mínima definición de la neutralidad de la Red en el paquete de telecomunicaciones y están abiertas dos consultas sobre el mercado único de contenidos y el servicio universal de telecomunicaciones.
Toca a los gobiernos y eurodiputados reforzar los derechos ciudadanos en la sociedad en red y crear un mercado para fortalecer la era del acceso, donde una disposición de los contenidos en tiempo real, abierta, bajo condiciones económicas y de uso beneficiosas para el consumidor y con un aumento de los contenidos de dominio público son indispensables para una economía digital sostenible y una cultura más libre. Una economía a la que también deben adaptarse autores, productores, distribuidores y comercializadores sin agrandar más la brecha con sus principales consumidores.
Tendremos que pasar a la acción pues esto parece el fin de la era democratica de la red.

Carta Europea de derechos de los ciudadanos en la era digital

El progreso y la innovación tecnológica modifican los hábitos sociales, políticos y económicos, y es por eso que las normas y leyes deben adaptarse para seguir manteniendo los derechos de los ciudadanos en las nuevas circunstancias. En este momento, es necesario asegurarse de que en la era Digital se garantizan las condiciones necesarias, para que los ciudadanos sigan disfrutando de sus derechos fundamentales, sabiendo que una gran parte de sus actividades sociales, profesionales, culturales, comerciales, financieras, políticas o educativas, son realizadas telemáticamente mediante medios digitales y en redes como Internet.

Asegurar el acceso universal a una Internet neutral se ha revelado muy eficaz para paliar la crisis y para lograr un futuro más próspero para toda la población. La Neutralidad de la Red (Net Neutrality) es un gran potenciador de la innovación y del desarrollo económico, además de un estímulo para la competencia pero sobre todo es la garante de los derechos civiles en el medio telemático.

En el Foro Internacional de Cultura Libre, que está teniendo lugar en Barcelona, se debate lo que debería ser la propuesta de una Carta Europea de los Derechos de los Ciudadanos en la Era Digital, un documento que irá dirigido como propuesta para la presidencia española de la Unión Europea. En él se recogen cosas que ya se contemplan de algún modo en la legislación española y de otros países, pero que sería muy positivo que fueran compartidas de forma uniforme y consensuada por todos los países de la Unión Europea... Básicamente, son elementos que forman parte del ideario y de la conciencia colectiva de los internautas, con independencia de su país de origen.

Como por ejemplo, la puesta en común de una definición de Banda Ancha y su consideración como servicio universal, la neutralidad de la red, la puesta a disposición de la ciudadanía de la información pública, o que se subvenciona con fondos públicos, el uso de licencias libres para divulgar la información pública, o la transposición al mundo digital, de los derechos fundamentales que ahora se contemplan en la vida real. Desde mi punto de vista, es una iniciativa interesante, que está muy relacionada con la intención española de adoptar una Carta de Derechos de Usuarios de Telecos durante su presidencia de la Unión y que en cierto modo, la supera, para imbricarse profundamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos en la era digital, algo que se viene reclamando hace tiempo desde muchos sectores.

En este sentido, la Foundation for a Free Information Estructure, ha elaborado el siguiente borrador, que considero muy interesante, ya que contempla la mayor parte de estas ideas e inquietudes. Es por ello, que instamos al gobierno español a que promueva que en el corpus legal de la UE se declarare explícita y claramente que: 1) Los ciudadanos tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, modificado, bloqueado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera otra consideración ajena a su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como privado y por lo tanto, secreto y solamente podrá ser secuestrado, espiado, trazado, archivado, o analizado en su contenido ni trayectoria, bajo mandato y tutela judicial, no pudiendo en ningún caso, ser sometido a la censura previa, o al secuestro administrativo de los contenidos (al igual que ocurre con cualquier otra correspondencia o comunicación privada).

[Art 12 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art 17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos]

2) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a contenidos, a ejecutar aplicaciones y usar servicios de su elección, así como a conectar dispositivos a la Red, sin más restricción a su interoperabilidad que aquella que establezcan las leyes.

3) Los ciudadanos tienen derecho a un servicio universal de conexión a Banda Ancha según las normas internacionales (ITU-I 113), a que exista más de un proveedor (público o privado) y a que la oferta de este servicio de Banda Ancha no esté vinculada a la adquisición de otros productos o servicios. Deben disponer de información veraz y suficiente sobre las condiciones y calidades de las conexiones de datos ofrecidas por los operadores y sus garantías legales. Los ciudadanos tienen derecho al desglose y la segregación de servicios que tengan distinta facturación o tarificación adicional, así como a elegir el modo de pago y a la protección contra el uso inadvertido de los mismos.

Tienen derecho a disponer de una via rápida y efectiva de atención y de reclamación, a cambiar de operador y a ser indemnizados en caso de interrupción del servicio o degradación de la calidad contratada. Todo ello en un tiempo no superior al empleado en un proceso de alta en el servicio. [Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.]

4) Los ciudadanos tienen derecho a la libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas, de las que financian, de las que subvenciona y de las que son derechohabientes, para que puedan ser usadas, copiadas, modificadas y redistribuidas, con o sin modificaciones, siempre que la obra derivada se distribuya en estos mismos términos, tal como establece la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL) dado que el fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización, así como la protección contra su apropiación en exclusiva por parte de terceros.

La transferencia tecnológica en estas condiciones, además de ser un acto de justicia social en su propia naturaleza, dado que todos los ciudadanos hemos sufragado estos contenidos científicos, culturales y tecnológicos a través del pago solidario de los impuestos, también supone uno de los mejores instrumentos para mejorar la competitividad de las empresas.

De esta forma, las empresas accederían en igualdad de condiciones a una gran cantidad de herramientas TIC de calidad y a un precio asequible, mitigando la fuga de capitales a través del pago de licencias. Esta transferencia tecnológica, también permite estimular el sector tecnológico y capacitaría a las PyMEs, para acometer los retos de innovación tecnológica y de modernización socioeconómica, que la sociedad del conocimiento libre, de todos y para todos, nos brinda, según pone de manifiesto la Declaración del parlamento europeo a favor del Conocimiento Libre y en la sección 9 del art III-248 del Tratado de Lisboa.

5) Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos mediante protocolos, interfaces y formatos que sean estándares abiertos teniendo dicha actividad administrativa perfecta validez y seguridad jurídica.

En un Estado de Derecho moderno y democrático, la investigación, o persecución, de un acto presuntamente ilícito, haya sido cometido por el medio que fuere, no puede suponer la conculcación de derechos fundamentales contemplados en las Constituciones, o en la legislación de los Estados, sin la necesaria tutela judicial. Este es un principio básico que también es necesario trasladar y aplicar al espacio real que es Internet. Se debe evitar así, la creación de ámbitos de actuación humana dominados por los pseudoderechos, o con mecanismos paralegales, en los que todo pueda ser interceptable, accesible, investigable y perseguible, solo en función de la disponibilidad tecnológica, o económica, de los agentes públicos o privados y sin garantizar las debidas garantías judiciales. Así lo indican derechos democráticos fundamentales como:

La Inviolabilidad del domicilio: no se pueden registrar los equipos informáticos o telemáticos propiedad de los ciudadanos ni los que, aún no siendo propios, estén ubicados en sus casas o posesiones, sin un consentimiento expreso del dueño u orden judicial que lo autorice.

El Secreto de las comunicaciones: no se pueden espiar, o conocer los datos que intercambien los ciudadanos sin orden judicial. * El Límite a la informática y la tecnología para preservar la intimidad personal o familiar: no se pueden hacer estimaciones estadísticas de tráfico de la Red que permitan conocer la actividad que se está desarrollando en esos equipos informáticos personales sin su correspondiente orden judicial.

El derecho a una comunicación libre: que abarca la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, y el desarrollo de las tareas docentes.

El derecho a la información: a recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, del secuestro administrativo, o de cualquier otra maniobra que dificulte el libre acceso a os avances científicos, la información y a la cultura. * El derecho a que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución judicial.

El derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos públicos, cualquiera que sea su soporte.

En países como España, con una de las legislaciones más avanzadas de la Era Digital:

Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las administraciones públicas para el ejercicio de sus deberes y derechos por medios electrónicos, eligiendo con libertad sus aplicaciones y sistemas operativos, siempre que utilicen estándares abiertos en sus comunicaciones.

Por su parte, las Administraciones Públicas quedan obligadas a asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias con la máxima transparencia y publicidad del procedimiento.

Por tanto, el acceso a universal a redes neutrales es una obligación de los proveedores de servicios de la Sociedad del Conocimiento que los gobiernos deben garantizar.

Dicha obligación debe basarse en una escrupulosa observancia y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, dado que ahora estos derechos también se ejercen por medios digitales y a través de redes de telecomunicaciones. Además, el patrimonio intelectual público debe estar a libre disposición de los ciudadanos para su aprovechamiento.